España no cumple la normativa de emisiones

En la actualidad, para la homologación de un vehículo en España, únicamente debe someterse a pruebas de laboratorio para demostrar que sus niveles de emisiones son inferiores a lo que exige la normativa europea –cuyos resultados difieren notablemente de los obtenidos en pruebas de conducción real. No obstante, a partir del mes de septiembre de este año, todos los modelos homologados deberán haber superado un test de conducción en carretera que certifique estos datos.

A partir del caso Volkswagen, la Unión Europea intensificó las inspecciones a los distintos modelos y España se comprometió a analizar 30 coches para certificar sus cifras declaradas pero, por motivos presupuestarios, sólo se examinaron 16 modelos. 

Todos ellos superaban los niveles de emisiones permitidos por las normas Euro5 y Euro6, datos que coinciden con los resultados de las pruebas realizadas por otras naciones como Francia, Alemania o Reino Unido, pero la administración española demoró la publicación del informe.

Los modelos evaluados por españa fueron unidades Diesel de Seat, Ford, Volvo, Nissan y Ssangyong, pero los casos más llamativos corresponden a estos dos últimos fabricantes que justificaron sus cifras de emisiones del siguiente modo: "Debido a motivos de seguridad del vehículo y de acuerdo a lo permitido en la reglamentación europea, algunos dispositivos contaminantes son desactivados cuando la temperatura ambiente no se encuentra en unos márgenes concretos".

El Ministerio admitió esta explicación pero solicitó los fabricantes que, en adelante, especificaran las condiciones en las que se produce "la activación y desactivación de los dispositivos de control de las emisiones".

Aunque el estudio tenía como finalidad identificar dispositivos de desactivación prohibidos y, según el mismo informe, no hay rastro de ellos, un portavoz de Seat aseguró que en los Seat León 2.0 TDI 170 caballos, el Seat Altea 1.6 TDI 105 caballos y el Seat León FR 2.0 TDI 150 caballos sí que estaban presentes.

Cuando se supo del caso, Seat –marca del grupo Volkswagen– comenzó una campaña para elimiar el dispositivo de los modelos y, a día de hoy, asegura haber realizado cambios en la mitad de los 700.000 vehículos afectados.

Bruselas abrió un expediente a España por no sancionar a Volkswagen y pidió un estudio de las emisiones de varias marcas. En un principio, el Gobierno, al contrario que otros países, se negó a publicar este informe –de 34 páginas frente a los de otras naciones, de cientos de páginas–, sin embargo, ante la exigencia de las ONG Ecodes y Transport and Environment en alusión a la Ley de Transparencia, el gobierno se ha visto obligado a hacerlo público.

A Bruselas no le satisface este estudio y podría llegar un segundo expediente si no colaboran con la investigación. El gobierno se escuda en que no puede hacer más al respecto, pues el asunto está en los juzgados.

"Este informe pone manifiesto las carencias del actual sistema de homologación de vehículos. Incluso cumpliendo con las regulaciones actualmente vigentes, se permite el uso de dispositivos que alteran los resultados sobre las emisiones reales", ha expresado Miriam Zaitegui, de Ecodes.