El Gobierno se marca 2050 como límite de la gasolina y el Diesel

El estado de Emergencia Climática es oficial en España. El Gobierno lo ha declarado con el fin de enfrentarse a las consecuencias del cambio climático de una forma más contundente. En total serán 30 líneas de acción prioritarias, de las cuales cinco se van a tener que activar durante los primeros 100 días de mandato.

Este estado se declara ante el consenso que hay entre la comunidad científica y la internacional acerca del reclamo de una serie de medidas para mejorar el medio ambiente. El objetivo final es que nuestras acciones no tengan consecuencias sobre el sistema climático global.

Los datos indican que 2019 fue el año más caluroso de la historia en Europa, mientras que en España la temperatura media ha subido 1,7 grados centígrados en ese tiempo, según informaciones de la Agencia Española de Meteorología de las que se hace eco El País. En nuestro país hay un 70% de la superficie en riesgo de desertificación.

El objetivo final es alcanzar la neutralidad climática en 2050, y este estado de Emergencia Climática lo que busca es acelerar el proceso. Las mencionadas cinco primeras líneas de actuación son las siguientes: la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que pretende ser un proyecto de ley con el que alcanzar unas emisiones neutrales no más tarde de 2050, la Descarbonización, con el que el Gobierno quiere definir en un plazo de tres meses cómo actuar a partir de 2030, el Plan Nacional de Adaptación, con el que se observará el clima y se creará un menú de indicadores de impacto, la Asamblea Ciudadana del Cambio Climático, que buscará la participación ciudadana en forma de representación transversal, y la Transformación Productiva, con el que se tratará de que las empresas acaben por ser sostenibles.

Queda por ver cómo afecta todo esto al mundo del automóvil, aunque la ministra Ribera ha afirmado que no habrá impuestos extras a los combustibles fósiles "salvo en casos justificados". El Gobierno tiene en mente una transición hacia el vehículo sin emisiones. De hecho, el Gobierno mantiene su idea de que a partir de 2050 no puedan circular por nuestro territorio unidades que expulsen CO2 a la atmósfera. También se ha dicho que se va a proceder a una revisión de las ayudas existentes, algo fundamental si se pretende potenciar el coche eléctrico, aún excesivamente caro para la mayoría de los bolsillos. Además, urge una mejora de la infraestructura de recarga pública.

María Jesús Montero, ministra de Hacienda, no ha descartado la inclusión de una 'fiscalidad verde' que trate de disuadir al usuario de utilizar, entre otras cosas, vehículos con motor de combustión. No obstante, ha recordado que estos gravámenes tendrían en todo caso un objetivo disuasorio y no recaudatorio.