Madrid estrena nueve radares de semáforo

Los nuevos radares de semáforo son un dispositivo de control que tiene como objetivo identificar a los vehículos que no se detengan ante la señal luminosa en rojo.

A principios de año el ayuntamiento de Madrid anunció iba a instalar 15 nuevos dispositivos en distintas intersecciones de la capital y su área metropolitana. Los seis primeros entraron en funcionamiento en el mes de febrero, y a finales de julio se instalaron los nueve que ayer comenzaron a sancionar.

Hasta el día 24 de septiembre han funcionado en modo de pruebas y los conductores que no se detenían ante la señal luminosa, recibían una notificación de tráfico explicándoles que su infracción podría implicar una sanción de 200 euros y la pérdida de cuatro puntos del carnet, pero que por el momento no se sancionaría.

El periodo de ‘gracia’ ha terminado y desde ayer, día 25 de septiembre, estos nuevos dispositivos funcionan con todas las de la ley y las sanciones son efectivas.

Al igual que sucede con el resto de radares de semáforo, los nuevos van precedidos de una señal vertical a 25 metros del semáforo que informa de su ubicación, y las sanciones se acompañarán de dos fotos del vehículo antes y después de la línea de detención.

La ubicación de los nuevos radares de semáforo es la siguiente:

Los conductores que lo deseen podrán recibir las multas de Tráfico en su teléfono móvil 

- Calle Alberto Aguilera con calle Galileo

- Joaquín Costa con Velázquez

- Acceso a Plaza Fernández Ladreda desde Vía Lusitana

- Monforte de Lemos con Finisterre

- Avenida de América con Cartagena

- Camino del Barrial con Fernando Lázaro Carreter

- Carretera de Carabanchel a Aravaca-Villaviciosa

- Avenida de la Peseta con Carretera del Barrio de la Fortuna

- General Ricardos con el Paseo del 15 de Mayo.

Además, a partir del próximo 3 de octubre, los conductores que lo deseen podrán recibir en su teléfono móvil o correo electrónico las notificaciones de la Dirección General de Tráfico relativas a las infracciones cometidas. Una de las ‘ventajas’ de la nueva Ley de Procedimientos Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Dicha ley, pendiente de ratificar por el Consejo de Ministros, aspira a agilizar la comunicación entre las diferentes administraciones y los ciudadanos y eliminar gran parte de las trabas burocráticas existentes en el estado español.