¿Autopistas de peaje gratis?: las verdaderas consecuencias y una indemnización millonaria

Abertis es la empresa encarga de gestionar las autopistas de peaje que, progresivamente, se vuelven gratis. En el caso de la AP-2 y la AP-7 lo hacía a través de su filiar Acesa. Mañana 1 de septiembre se va a dar un nuevo paso en este sentido.

Existe una idemnización prevista de 1.291 millones de euros por parte del Gobierno a Abertis, cifra que se queda bastante lejos de la que reclama la empresa, que es de 3.826 millones. Según Abertis, 1.010 millones de euros corresponden a las inversiones realizadas para ampliar los carriles del tramo de la AP-7 que se va a liberalizar y otros 2.816 a consecuencia del descenso del tráfico. El origen de esta polémica se encuentra en 2006, momento en el que la entonces ministra Magdalena Álvarez acordó la indemnización que sí reconoce el Gobierno a consecuencia de las obras que afrontó Abertis ante un supuesto aumento de tráfico en la AP-7 que acabó por no producirse.

Esta diferencia en la indemnización que reclama Abertis y la que está dispuesta a reconocer el Gobierno no es el único punto caliente de la progresiva liberalización de las carreteras. Un total de 340 empleados de Abertis han perdido su trabajo al concluir los contratos con las concesionarias. Trabajadores de los peajes, servicios centrales y de apoyo se han visto afectados. Al menos, todos los afectados por el ERE tendrán preferencia a la hora de lograr un nuevo contrato si las carreteras requieren más trabajadores en el futuro.

También se verán afectados unos cuantos ayuntamientos. Por ejemplo, la alcaldesa de Maçanet de la Selva, Natalia Figueras, ha reconocido que van a dejar de ingresar los 300.000 euros del IBI que hasta ahora pagaba la concesionaria de la autopista. Este es un caso más extremo, pero muchos de los municipios afectados hablan de pérdidas de unos 150.000 euros por idéntico concepto.

Los planes del Gobierno de cara al futuro –se habla de hacerlos efectivos desde 2024– contemplan pago por uso de las carreteras en función del contaminación emitida. Según el Gobierno, las tarifas aplicadas serían justas para los ciudadanos y equilibradas para todos los territorios.

Abertis, que es una empresa que pertenece al 50% al Grupo ACS y a Atlantia, afincada esta última en Italia, nació en el año 2003. Tiene su sede social en Madrid y su sede operativa en Barcelona.