Madrid, primera Comunidad Autónoma de España en asegurar el futuro de los VTC

El Consejo de Gobierno de Madrid ha dado luz verde a esta nueva regulación que otorga respaldo legal a los VTC más allá del 1 de octubre de 2022, fecha límite del conocido como decreto Ábalos, por el cual los permisos para este tipo de servicios perdían toda validez. A partir de entonces este documento dejaba en manos de los organismos autonómicos la regulación del sector y Madrid ha sido la primera Comunidad Autónoma de España en responder y asegurar el futuro de los VTC. La apuesta por la continuidad de este tipo de servicios ha sido bien recibida por el sector frente los taxistas, que plantean que esta decisión suscita muchas dudas legales.

En un primer momento estaba previsto que esta norma se incluyese en la Ley Ómnibus, hasta tal punto que llegó a presentarse un anteproyecto de ésta, aprobada el 22 de diciembre de 2021. Sin embargo, el sector del taxi, con la Federación Profesional del Taxi de Madrid, frenaron la iniciativa tras anunciar que, de llevarse esto a cabo, pedirían más de 2.500 millones de euros a la Comunidad de Madrid por los daños derivados. Esto llevó a la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, a reunirse con los taxistas y comprometerse a sacar la regulación de la VTC de la Ley Ómnibus.

Tras ese primer intento frustrado, ahora el Consejo de Gobierno ha aprobado el texto que será remitido a la Asamblea de Madrid, donde se negociará por el procedimiento de lectura única. En él se modifica la normativa de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la región, que data de 1998. Si todo sigue su curso normal, esperan tenerla aprobada en unas pocas semanas.  
 
Varias fuentes consultadas del Ejecutivo regional señalan que este texto "garantiza la mejor y más completa oferta de transporte a los madrileños, fomenta la libertad de elección, la actividad económica, el empleo y la competencia, por lo que convivirán todas las modalidades de desplazamiento de viajeros".

¿CÓMO QUEDA LA LEY?

La nueva ley, que dará amparo a los servicios de VTC a partir del mes de octubre de 2022, recoge una serie de modificaciones para adaptarlas a la nueva situación entre las que destacan las siguientes:

1. Se crea una nueva autorización para la actividad y se modifica el nombre del capítulo III de la anterior norma –que era Transporte de viajeros en automóviles de turismo–, y pasará a ser –Transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor–.
2. Se podrá denegar la expedición de una nueva licencia cuando se supere el porcentaje de un VTC por cada 30 taxis.
3. Se establece un reglamento que marcará los requisitos y condiciones necesarios para prestar el servicio.
4. Se modifica el 16.1, que determina la no aplicación de las disposiciones sancionadoras en materia de alquiler de vehículos con conductor introducidas por la Ley 13/2021, por la que se modificó la Ley 16/1987.
5. Los servicios de VTC no podrán acceder a las condiciones reservadas en exclusiva al taxi, como son la recogida en la calle a mano alzada o las paradas específicas.
6. Queda prohibida la parada o estacionamiento de vehículos de arrendamiento con conductor a menos de 100 metros de aeropuertos, estaciones de ferrocarril o autobuses, o intercambiadores de transportes que dispongan en el interior de sus respectivos recintos de aparcamiento público rotacional u otro estacionamiento adecuado para la subida y bajada de quienes utilicen sus servicios.
7. La contratación de los servicios se realizará exclusivamente mediante aplicación móvil, a través de la cual se garantizarán todos los derechos del usuario.

¿CÓMO HA REACCIONADO EL SECTOR DEL TAXI?

La Federación Profesional del Taxi de Madrid adelanta que la nueva norma les plantea "muchas dudas jurídicas" y por ello se plantean presentar una denuncia contra la Comunidad de Madrid, ya que entienden que se incurre en un posible delito de prevaricación. Desde esta asociación entienden que al permitir que los VTC mantengan la prestación de servicios ésta se extralimita en sus competencias.

Tal y como ha declarado el presidente de la Federación, Julio Sanz, "la Comunidad de Madrid se salta la normativa estatal de nuevo, y ofrece a las VTC una normativa hecha a su medida que da cabida al libertinaje en el transporte de viajeros, al tiempo que precariza y menosprecia al sector del taxi". Además alega que "esta norma no tiene en cuenta a su sector e ignora la doctrina del Tribunal Supremo sobre la protección del taxi, como servicio público esencial".

Según comenta Sanz, "la norma no sólo no se ha consensuado con nosotros sino que, tan siquiera hemos sido informados, lo que confirma las denuncias reiteradas de abandono que desde el taxi de Madrid venimos haciendo".

¿CÓMO HAN REACCIONADO DESDE EL SECTOR VTC?

En la otra cara de la moneda se encuentran las empresas dedicadas al alquiler de vehículos con conductor. Ignacio Manzano, presidente de ASEVAL –Asociación Empresarial de Alquiler de vehículos con y sin conductor de Madrid– celebra que la Comunidad de Madrid haya dado un paso que entiende como decisivo para salvar al sector de los VTC ya que "genera miles de empleos estables e inversiones. Somos una industria en crecimiento y un pilar fundamental para miles de familias que trabajan de manera directa e indirecta en el sector".

Actualmente este sector da empleo a más de 13.000 personas y genera 1.000 millones de euros sólo en la capital. En la Comunidad de Madrid operan actualmente el 45% del total de licencias VTC de España, con un total de 7.908.

Además Manzano señala que "contamos con el apoyo masivo de la sociedad española, que ve en nosotros una alternativa que cubre sus necesidades a la vez que contribuye a eliminar vehículos particulares de las calles y a acelerar la transición al vehículo eléctrico". Para esta afirmación, el presidente de ASEVAL se apoya en un estudio, realizado por Metroscopia, en el que el 86% de los encuestados se declara a favor de que se regule el servicio de VTC para que siga en funcionamiento. Asimismo, un 62% de los ciudadanos preguntados se opone a la imposición de restricciones como el tiempo mínimo de precontratación.

Para finalizar, Ignacio Manzano cree que "el resto de las comunidades autónomas no pueden mirar hacia otro lado en este momento. Nos jugamos el futuro de miles de trabajadores y cientos de empresas, que se han visto contra las cuerdas debido a la inseguridad jurídica que impera en el sector desde el decreto Ábalos de 2018. Es inaplazable que las administraciones públicas, tanto el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana como las comunidades autónomas, tomen una decisión que permita garantizar el futuro de las VTC en toda España".