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Elecciones Generales 10N: propuestas de los partidos sobre movilidad

08/11/2019 16:15

A 48 horas de las Elecciones Generales de España del 10 de noviembre de 2019, repasamos cuáles son las propuestas de los diferentes partidos políticos con representación en el Congreso en relación a la industria automovilística y el transporte privado.

En líneas generales, existe un consenso amplio para avanzar hacia la descarbonización de la industria. Difieren en las formas. PSOE y Unidas Podemos vislumbran una coordinación con el sector para cumplir los objetivos de 2050, sin mencionar la prohibición de otras tecnologías. El Partido Popular y Ciudadanos se postulan en contra de las prohibiciones, pero prevén medidas para avanzar hacia los coches libres de emisiones, fruto del desarrollo natural de la tecnología y los cambios en los hábitos de consumo. Vox no se pronuncia sobre los objetivos de 2050.

Las propuestas se dividen en dos: los que abogan por ciudades más limpias y con limitaciones a los coches, con el impulso del uso de energías renovables y una movilidad más sostenible y, por otro lado, las que plantean un equilibrio entre la sostenibilidad medioambiental y el futuro del automóvil tal y como lo conocemos, o al menos con mayor recorrido en el tiempo.

En todo caso, las propuestas que pudieran hacer el partido político que llegue al gobierno sería una directriz a seguir, unas líneas generales de obligado cumplimiento, pero dependería más en concreto de los municipios su implementación, ya que son los que tienen las competencias sobre movilidad urbana entre sus facultades. Aun así, una decisión gubernamental podría cambiar el panorama radicalmente. Veamos qué nos proponen.

 

PSOE

El PSOE defiende una negociación con el sector de la automoción que resulte en un acuerdo con el que España avance en el campo del coche eléctrico y las tecnologías de baterías.

En clave 2050, el objetivo es trabajar con el sector para que los vehículos matriculados sean libres de emisiones no más tarde de 2040. Para conseguirlo apuesta por adoptar las medidas necesarias de acuerdo con la normativa europea para reducir progresivamente las emisiones de los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos no destinados a usos comerciales.

Atrás queda, porque se derogaron, las prohibiciones de fabricar y circular automóviles impulsados por Diesel en 2040. Los objetivos de reducción de emisiones se contemplan en todo caso con un proceso dialogado con la industria, que incentivaría con planes de I+D+i –Investigación, desarrollo e innovación–.

El programa electoral también hace mención a la nueva Ley de Movilidad Sostenible, que establecería la obligatoriedad de delimitar zonas de bajas emisiones en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes.

 

PARTIDO POPULAR

El Partido Popular aboga por "eliminar las restricciones indiscriminadas a los vehículos Diesel". El redactado no menciona explícitamente las zonas de bajas emisiones. También se ha postulado en el pasado en contra de un impuesto al Diesel.

Apuesta por impulsar un cambio de fiscalidad que promueva la renovación del parque móvil.

Impulsa el establecimiento de un marco regulatorio para el vehículo autónomo, la promoción de la movilidad eléctrica desde la Administración y la aprobación de una normativa que incentive el despliegue de una red de puntos de recarga de electricidad y gas por todo el territorio nacional.

En el programa electoral de abril, rechazaba la prohibición de los vehículos de combustión y abogaba porque fueran la evolución tecnológica y las decisiones de los consumidores las que marcasen el ritmo de la sustitución de unas tecnologías por otras. Ese punto no figura en el programa de noviembre, aunque la posición del partido al respecto es conocida.

 

CIUDADANOS

Ciudadanos incentiva la renovación del parque automovilístico por coches menos contaminantes e impulsa la instalación de puntos de recarga para coches eléctricos. Aspira a un transporte público 100% sostenible.

Fomenta un Pacto de estado por los Transportes y la Movilidad Sostenible para que todas las inversiones estén justificadas por criterios de rentabilidad socioeconómica. Quiere aumentar la inversión en conservación de la Red de Carreteras para fomentar la seguridad vial.

Se compromete a no renovar la concesión de los tramos de autopista de peaje que vencen antes de 2021: AP-2, AP-4 y AP-7.

Si bien no se halla incluido explícitamente en el programa, Ciudadanos se ha postulado en contra de la prohibición de los vehículos Diesel. Piden que la política de descarbonización se efectúe bajo un principio de “neutralidad tecnológica”, con ayudas para los vehículos sin emisiones, pero sin prohibiciones.

 

UNIDAS PODEMOS

Unidas Podemos apuesta por trasladar el modelo de Madrid Central a otras ciudades con problemas de contaminación, en colaboración con las instituciones pertinentes en cada caso.

El partido se marca unos objetivos de implantación para el coche eléctrico y otras tecnologías alternativas a los combustibles fósiles. La meta última es conseguir que la totalidad de las matriculaciones en 2040 sean libres de emisiones en dióxido de carbono. En 2025 el porcentaje se situaría en un 25% y en 2030 aumentaría hasta el 70%.

Impulsarían para conseguirlo una transición en colaboración con el sector para adaptar las cadenas de montaje en España, a fin de reconvertirlas para el coche eléctrico y evitar la deslocalización.

 

VOX

Vox no incluye en su listado de 100 medidas ninguna propuesta que haga alusión a la industria del automóvil, por lo que no se detallan acciones sobre el coche eléctrico ni la transformación del sector. Sí especifica la creación de un cheque servicio para subvencionar el transporte público.

En el programa de las elecciones de abril, Vox proponía abaratar las nuevas tecnologías con una reducción del IVA para fomentar la adquisición de coches eléctricos clasificados como 0 Emisiones por la DGT, incluidos híbridos enchufables con autonomía eléctrica de 200 kilómetros según ciclo NEDC. Establecían un plan de ayuda para renovar el parque automovilístico, impulsando la renovación de vehículos de más de 12 años. Dejaban el desarrollo de la red de puntos de carga en manos privadas, sin regulación estatal, aunque sí con apoyo.