Pago por uso y emisiones: el nuevo peaje para las carreteras españolas
El Gobierno estudia un nuevo método recaudatorio para nuestras carreteras que supondrá que los usuarios tengamos que pagar en función de los kilómetros de uso de cada vía y de las emisiones contaminantes de nuestro vehículo.
A pesar de que los usuarios no paguemos directamente por ellas, las autovías y autopistas gratuitas de España no son tal. Su construcción y mantenimiento suponen al Estado 11.000 millones de euros aproximadamente cada año. El Gobierno asegura que esa cantidad es cada vez más complicada de recaudar, de tal forma que se estudian métodos alternativos para que nuestras vías mantengan un nivel como el que se espera de ellas durante muchos años más.
La idea es poner en marcha un sistema de pago por utilización en el que se tengan en cuenta dos variables, los kilómetros recorridos y las emisiones contaminantes de cada vehículo. Se trata de una forma de actuar similar a la que existe en Portugal, donde unos arcos de control leen las matrículas de los coches. Eso sí, las diferencias de coste para cada usuario pueden ser bastante elevadas si atendemos a las cifras que aporta El Confidencial.
Las tarifas según este medio serán de tres céntimos por kilómetro recorrido para los que tengan un vehículo ecológico y hasta de 15 céntimos para los más contaminantes. Estas cifras están lejos de las que propuso hace no mucho tiempo Seopan, la patronal de grandes constructoras y concesionarias, que hablaba de entre uno y tres céntimos por turismo y de entre cinco a 14 para los camiones y transportes pesados.
Este proyecto ya se estudiaba en los tiempos del PP y Mariano Rajoy al frente del Gobierno, algo que ha tenido continuidad en el tiempo al llevarse a cabo negociaciones con el resto de partidos presentes en el parlamento que aún hoy avanzan convenientemente. La idea es llegar a un acuerdo antes de que acabe la presente legislatura y poder instaurar este pago por uso de las carreteras españolas en el año 2020. La instalación de los arcos de control supondría al Estado unos 700 millones de euros, cantidad que quedará sobradamente amortizada en no mucho tiempo.
