Archivada otra causa contra el Valencia Street Circuit
Los problemas judiciales derivados del Valencia Street Circuit llegan a su fin. El Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia ha decretado el sobreseimiento y archivo provisional de la causa abierta por presunta prevaricación y falsedad documental para la construcción del trazado urbano que fue sede de un Gran Premio de Fórmula 1 entre 2008 y 2012.
Fuentes jurídicas han informado que tras la instrucción practicada no se han podido comprobar la existencia de delitos de prevaricación y falsedad documental que dieron origen a la apertura de la instrucción, según publica El Periódico.
Cabe recordar que en este caso se trataba de la contratación de proveedores realizado por la empresa Circuito del Motor y Promoción Deportiva S.A., propiedad al 100% de la Generalitat Valenciana y cuyos ingresos provenían de presupuestos autonómicos y subvenciones. Por tanto, estaba obligada a respetar las normas de contratación vigentes para organismos públicos.
El juez encargado del tema atiende así la petición de archivo que en su momento –antes del verano– emitió la Físcalía Anticorrupción. La fiscal Victoria Abad señaló en un informe que no encontraba indicios de delito ni en éste ni en las otras causas todavía abiertas en diversos juzgados, que investigaban tanto la construcción del trazado como la organización del GP.
La jueza del Juzgado número 2 ha hecho suyo dicho informe. "Esta instructora se remite al profundo estudio efectuado por la señora fiscal, considera lo que instrucción ha sido amplia sin que quepa la posibilidad de que se entienda la existencia de indicios de criminalidad en las actuaciones de cada uno de los investigados".
En esta causa había una decena de investigados, entre ellos José Miguel Escrig, exsecretario autonómico de Hacienda, y el exdirector de Circuito del Motor Julio García.
De todo el tema, que lleva ya casi una década coleando, sólo queda abierta una causa contra el expresindente de le Generalitat, Francisco Camps, relacionada con la organización de la prueba –en concreto el papel de la Generalitat como avalista de Valmor, la sociedad que se encargó de organizar los Grandes Premios– pero probablemente seguirá el mismo camino ya que la Fiscalía ha solicitado el archivo.
