La juez rechaza la petición de Camps y no archiva el caso de la F1

La investigación, en la que también están involucrados el expiloto Jorge Martínez Aspar y la exconsejera de Deportes Lola Johnson, trata presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Todo ello, por supuestas irregularidades durante la organización de los Grandes Premios que se disputaron en Valencia entre el año 2008 y el 2012.

Una de las últimas medidas adoptadas por el juzgado fue la de prorrogar esta causa y así, fijó un nuevo plazo para concluir la instrucción: 18 meses. Esto es hasta diciembre de 2018, dado que en el procedimiento hay una pieza declarada secreta, según informaron en diario Público en 2015.

Es todavía temprano, de acuerdo con la jueza, para que se declare la inexistencia de delito de malversación de caudales públicos y prevaricación, pues la investigación "debe ser completada y las investigaciones pendientes terminadas".

"Si esta instructora apreciara de forma evidente que los hechos denunciados carecen de relevancia penal, habría archivado con la mayor premura la causa, pero siendo que penden pruebas por practicar, no resulta posible el archivo", ha añadido en declaraciones recopiladas por el diario Levante.

A todo esto hay que agregarle que quedarán suspendidos los plazos de instrucción porque según la magistrada "carece de sentido la anulación de los requerimientos". Así pues, se van a rechazar las peticiones que procedían de la parte de Camps. "No hay lugar a las peticiones deducidas por la representación fiscal procesal de Francisco Camps, a excepción de lo relativo a la interrupción de los plazos de instrucción", sentencia.