Afectados por la ZBE quieren recurrir a la justicia para que la suspendan

Mónica Xufré, vicepresidenta de la Plataforma, ha anunciado que un bufete de abogados ya trabaja en este recurso, que se presentará en los dos meses siguientes a la publicación de la normativa, que el Ayuntamiento hizo pública a finales del año 2019. Pedirán la suspensión cautelar de la ZBE o, mejor dicho, de las sanciones que implica, que no comenzarán a ser impuestas hasta el 1 de abril.

El consistorio prevé que esta medida ayudará a reducir la contaminación del aire en un 15% en la Ciudad Condal. La medida fue tomada para cumplir con la legislación europea sobre la calidad del aire, que prevé duras sanciones a las ciudades que superen determinados límites de óxido de nitrógeno y partículas un determinado número de ocasiones a lo largo de un año, como sucede en Barcelona.

La PARC señala que el Ayuntamiento no se ha avenido a negociar con ellos esta cuestión, que supone un grave problema de movilidad para algunos colectivos, desde los amantes de los coches clásicos hasta los que necesitan el automóvil para sus desplazamientos diarios y no pueden permitirse uno más nuevo.

El Gremio de Talleres Mecánicos de Barcelona podría sumarse al recurso, aunque preferiría una solución dialogada. Como paso previo, ha solicitado un estudio sobre el impacto que esta medida tendrá en los más de 850 talleres que podrían resultar afectados.

En sentido completamente opuesto, algún particular ha comenzado a presentar demandas contra los ayuntamientos por los problemas de salud asociados a la contaminación. En Europa se ha llegado a pedir cárcel contra los responsables municipales, pero el Tribunal Europeo desestimó esta posibilidad. En cualquier caso, los ayuntamientos podrían verse obligados a pagar indemnizaciones a los afectados.

Recordemos que, en Madrid, un juez ordenó reactivar las restricciones de Madrid Central hace apenas seis meses. El nuevo consistorio madrileño quiso revertir la medida aprobada durante el mandado de la alcaldesa Manuela Carmena, pero el juez —a una demanda interpuesta por afectados por la contaminación— falló que debía mantenerse Madrid Central para evitar que la contaminación aumente sin control alguno.