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El fin de las VTC puede estar a cuatro años vista

23/10/2018 13:52

Un informe realizado por el despacho de abogados Garrigues afirma que dentro de cuatro años las licencias de VTC tendrán un valor cercano a cero tras la aprobación del decreto sobre ellas por parte del Gobierno el pasado día 28 de septiembre.

Las nubes se vuelven cada vez más negras sobre el futuro de las VTC. La razón la encontramos en un informe realizado por el prestigioso despacho de abogados Garrigues, para la empresa Vector Ronda que afirma que las licencias de este tipo de vehículos apenas valdrán nada dentro de cuatro años. Esta corporación, dedicada a este negocio y que cuenta con más de 2.000 licencias, se muestra preocupada ante el nuevo decreto del Gobierno sobre los vehículos de alquiler con chófer.

El decreto en cuestión se aprobó el día 28 de septiembre y será convalidado o derogado este mismo jueves. Garrigues lo considera en su informe como una "expropiación encubierta" por parte del Gobierno, tal y como informa El Mundo, que es el que ha tenido acceso al mismo. De todas las novedades que se incluyen en él lo más preocupante es la parte que limita la validez de las licencias VTC para sacarlas de los trayectos urbanos.

De aquí a cuatro años la normativa indica que los vehículos de alquiler con conductor van a necesitar la aprobación de los Ayuntamientos para poder trabajar en las correspondientes ciudades. Para permitir esta actividad pueden pedir una segunda licencia, algo que verían con muy buenos ojos los taxistas de cara a cumplir la ansiada proporción de una licencia VTC por cada 30 de las suyas.

El 90% de las VTC funcionan dentro de una misma ciudad de la mano de plataformas como Uber y Cabify, de tal forma que este tipo de licencias, al dejar de ser efectivas para prestar el tipo de servicio para el que fueron solicitadas, perderán valor hasta llegar a ser éste muy próximo a cero. El decreto del Gobierno va a suponer el fin de las licencias VTC tal y como son ahora mismo, por lo que que se ha concedido una moratoria de cuatro años para que la normativa entre en vigor. Este plazo, insuficiente según las empresas de VTC, es el que tienen éstas para tratar de conseguir más años de moratoria, algo que intentarán incluso por la vía judicial si es necesario con el objetivo de poder recuperar lo invertido.