Hacienda desvela el 'truco' del Plan PIVE
El Plan PIVE ha sido el gran artífice de la recuperación del sector del automóvil durante la crisis en España. Esta plan de subvenciones que se ha dividido en 8 ediciones entregaba a los usuarios una ayuda de 2.000 euros -1.500 en su última entrega- para la compra de un vehículo nuevo con la entrega de un coche de más de diez años. Hasta ahí nada que no se supiese.
Sea cual sea el importe del Plan PIVE según su edición, la mitad del mismo atendía a una Ayuda del Estado mientras que la otra mitad era un descuento ofrecido por la propia marca. Mientras que este aporte por parte del fabricante no tenía ningún tipo de obligación legal, la subvención estatal sí se considera una 'ganancia patrimonial', por lo que está sujeto a retenciones e impuestos (IRPF) como bien especifica el BOE y las propias condiciones del Plan PIVE.
A pesar de ello, muchos son los beneficiarios del Plan PIVE que no tienen constancia de este hecho por falta de información, lo que deriva en que los usuarios no declaran esta ayuda en sus Declaraciones de la Renta. Además, se da el caso que en los borradores que suele enviar la Agencia Tributaria no figura esta subvención en ninguna de las casillas, una circunstancia que no deja de ser curioso cuando el contribuyente ha recibido el dinero del propio Gobierno.
Por ello, la Agencia Tributaria está remitiendo una carta a los usuarios que se han beneficiado del Plan PIVE desde 2013, con el objetivo de poder presentar la documentación necesaria en caso de no haber hecho todavía la Declaración de la Renta o en su defecto realizar una Declaración Complementaria por 'incremento patrimonial no reconocido' y declarar así el IRPF derivado de esta ayuda. El número de españoles afectados está en torno a un millón.
El IRPF derivado de esta Ayuda Estatal supone un 45% del importe total del dinero entregado por el Gobierno. En números claros, sí el usuario se ha beneficiado del Plan PIVE 8 recibiendo 750 euros por parte del Gobierno y otros 750 de descuento por parte del fabricante, tendrá que pagar en concepto de IRPF unos 300 euros, hablando siempre para los casos de renta media entre 20.000 y 35.000 euros. De no realizar este pago, el usuario se expone al inicio de una inspección que derivará en un sanción un 26% mayor.
