¿Simular accidentes para cobrar el seguro? Mala idea...

Hecha la ley, hecha la trampa. Este refrán es el que parece haber aplicado un matrimonio de Lleida antes de dar con sus huesos en la cárcel. ¿La causa? Delitos continuados de estafa agravada. Se ha demostrado que él, exsargento de los bomberos de Lleida, pagó a terceros para simular un accidente de tráfico y así cobrar la indemnización del seguro, además de cobrar de forma irregular de la Seguridad Social. Posteriormente se repitió la acción con la mujer, antigua auxiliar de enfermería. El primero pasará en la cárcel 7 años y 9 meses, mientras que la segunda hará lo propio durante 6 años y medio, tal y como informa La Vanguardia.

La sentencia contra JRB, inciales del hombre, contempla cuatro años de prisión y 3.000 euros de multa por un delito continuado de estafa agravada a los que hay que sumar otros tres años y nueve meses de prisión más 3.000 euros de multa por cooperador necesario en un delito continuado de estafa agravada. La indemnización a pagar en su caso es de 629.610 euros. Para la mujer, cuyas iniciales son ERD, la sentencia es de dos años y medio de cárcel y una multa de 80.000 euros por delito continuado de fraude a la Seguridad Social más cuatro años y una multa de 3.000 euros por un delito continuado de estafa agravada. La indemnización a la Seguridad Social es en este caso de 60.127 euros, a lo que se suma la privación del derecho de obtener subvenciones o beneficios o incentivos fiscales de este ente durante cinco años.

Según ha determinado el juez queda demostrado que el antiguo sargento de los bomeros planificó dos accidentes, uno de ellos el 20 de marzo de 2010 y el otro el 17 de junio de 2015. Los colaboradores cobraron 2.000 euros en el caso del primer siniestro y 600 en el caso del segundo.

Se da la razón a la fiscalía y a las aseguradoras acerca del estado físico del acusado, que mintió a la hora de asegurar que sufría un trastorno depresivo que le impedía llevar a cabo su trabajo como sargento de bomberos. De esa forma consiguió el 10 de junio de 2011 la incapacidad permanente total derivada de accidente no laboral. Un año y medio después se le concedió la incapacidad permanente absoluta. Tras esto, JRB cobró hasta 242.000 euros de la Seguridad Social y casi 382.000 euros de diferentes aseguradoras.

La mujer, por su parte, simuló padecer un síndrome ansioso depresivo postraumático que le impedía trabajar desde el accidente. A finales de agosto de 2016 se le reconoció la incapacidad permanente absoluta. Cobró 59.769 euros de la Seguridad Social y 612.560 euros de las aseguradoras.